Prevención blanqueo de capitales

Como la actualidad manda, desde AC Consultors, Administración y Finanzas y empresa no podemos hacer oídos sordos a las noticias que están apareciendo sobre los ya famosos “Papeles de Panamá”. Es decir: A los numerosos casos de blanqueo de capitales que han salido a la luz.

Como la actualidad sigue mandando, desde AC Consultors, Administración y Finanzas y empresa no podemos hacer oídos sordos a las noticias que están apareciendo sobre los ya famosos “Papeles de Panamá”. Es decir: A los numerosos casos de blanqueo de capitales que han salido a la luz.

Para quien todavía no esté muy al día de este escándalo, los “Papeles de Panamá”, son la filtración más importante de los últimos años a nivel mundial, ya que han destapado un entramado de evasión fiscal concentrado en más de 11,5 millones de documentos que desvelan a centenares de personas que han ocultado su patrimonio en sociedades situadas en este país.

Para intentar regular esto, existe la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (Real Decreto 304/2014, de 5 de Mayo) del que se desprende un reglamento de obligaciones para un grupo de sujetos. Por ello, desde Blog de Administración y Finanzas queremos queremos contaros diez cuestiones básicas sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales:

1. ¿A quien se le aplica la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales?

El artículo 2 de la Ley incluye, entre los sujetos obligados, a determinados profesionales como los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores u otros profesionales independientes.

2. ¿Qué actividades profesionales se incluyen en el ámbito de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales?

  • Asesores fiscales.
  • Auditores de cuentas
  • Abogados, procuradores y otros profesionales independientes en determinadas operaciones (inmobiliarias, societarias y financieras, fundamentalmente).
  • Contables externos.
  • Personas dedicadas profesionalmente a construir sociedades u otras personas jurídicas.
  • Personas que ejerzan profesionalmente funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Personas que se dediquen profesionalmente a facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica.
  • Personas que ejerzan funciones de fideicomisario e un fideicomiso (“trust”) expreso o instrumento jurídico similar.
  • Personas que ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
  • Comisionistas en operaciones inmobiliarias y agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

3. Un abogado tributarista, ¿está obligado a prevenir el blanqueo de capitales?

En el caso de abogados tributaristas, debe tenerse en cuenta si su actividad es la de asesoramiento fiscal o la de abogado defensor en procesos judiciales. En el primer caso, si que estará sujeto y, en cambio, en el segundo no estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones. Dicho de otro modo, la actividad de asesoramiento está sometida a las obligaciones de prevención, mientras que la de defensa judicial no.

4. ¿Se aplica la obligación de prevenir el blanqueo de capitales, también, a alguno de mis clientes / proveedres?

Sí. Ademas de obligar a las entidades financieras y aseguradoras, también se aplica a otros sujetos como los promotores inmobiliarios, los que comercien profesionalmente con joyas, pierdas, metales preciosos, objetos de arte, antigüedades, las que se dedican al transporte de fondos, las personas dedicadas a la gestión, comercialización y explotación de loterías o, entre otros, las entidades sin ánimo de lucro.

También debe tenerse en cuenta que se encuentran sujeto a algunas obligaciones las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes respecto de las transacciones en los cobros o pagos se efectúen con el papel moneda nacional o extranjera, cheques bancarios, al portador o cualquier otro medio por importe superior a 15.000 €, ya se realicen en una o en varias operaciones.

5. ¿Qué sucede si no se cumplen las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales?

La Ley regula un riguroso régimen sancionador para el caso de que se incumplan las obligaciones. Así, el incumplimiento de las obligaciones de identificación y conocimiento del cliente, la no realización de formación al personal en materia de prevención del blanqueo de capitales o la no conservación de los documentos acreditativos se sancionan con una multa mínima de 60.001 €. Por su parte la falta de comunicación al SEPBLAC de las operaciones en las que existan indicios o la certeza de blanqueo de capitales o aún la mera tentativa puede sancionarse con una multa mínima de 150.000 €.

Además se debe tener en cuenta que quienes adquieran, conviertan, transforme, oculten o encubran bienes procedentes de actividades delictivas, así como quienes ayuden, instiguen, participen o asesoren en el blanqueo de capitales pueden ser responsables en vía administrativa o en vía penal por estas actividades.

6. ¿Existe un absoluto derecho al secreto profesional para excepcionar el cumplimiento de las obligaciones de prevención?

No. La normativa europea, siguiendo los estándares internacionales al respecto, vienen a limitar el carácter absoluto del secreto profesional puesto que obligan a revelar determinados datos obtenidos en la relación con el cliente o los órganos administrativos encargados de la prevención y represión del blanqueo de capitales. Esta es, precisamente, la finalidad de estas normas puesto que pretenden que el profesional se convierta en colaborador activo en la obtención de información relevante para evitar la actividad de canalización de rentas procedentes de actividades delictivas.

7. ¿Podría un cliente demandar a su asesor fiscal por violación del secreto profesional?

No. El articulo 23 de la Ley 10/2010, de 28 de abril señala que la comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes por los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, y no implicará para los sujetos obligados, sus directivos, o empleados ningún tipo de responsabilidad.

8. ¿Qué efectos tiene el cumplimiento de las obligaciones preventivas sobre la Protección de Datos Personales?

En la medida en que deben llevarse determinados archivos con datos sensibles de los clientes, debe tenerse en cuenta los efectos de esta normativa de prevención del blanqueo de capitales y su cumplimiento en relación con las obligaciones derivadas de la Ley de Protección de datos.

En primer lugar, no se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones de información.

En segundo lugar, tampoco será necesario el mencionado consentimiento para las comunicaciones de datos.

En tercer lugar, no sera de aplicación a los ficheros las normas referidas al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En caso del ejercicio de los citados derechos por el interesad, los sujetos obligados se limitarán a ponerle de manifiesto lo dispuesto.

En cualquier caso, procede recordar que a los ficheros creados para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales le serán de aplicación las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la Ley de Protección de datos.

9. ¿En que momento tengo que cumplir con la normativa antiblanqueo?

La Ley entra en vigor desde el 29 de abril de 2010 aunque las obligaciones preventivas ya estaban en vigor para los asesores fiscales desde hacía tiempo. No obstante, la legislación actualmente vigente amplia el ámbito de aplicación al eliminar la distinción entre obligados de régimen general y de régimen especial que existía al amparo de la normativa derogada y, por tanto resultar la aplicación a todas las operaciones que superen 1.000 € de forma individual o en conjunto.

Por tanto, la obligación de contar con la documentación identificativa de los clientes y de las operaciones, de examinar las operaciones sospechosas, de comunicar las operaciones al SEPBLAC, de abstenerse de realizar las operaciones de conservar los documentos durante un plazo de diez años están YA vigentes.

10. ¿Debe pasarse alguna auditoría o actuación de control?

La Ley establece la obligación, para quienes actúen como personas jurídicas, de que un experto externo, con cualificación académica, y experiencia, analice anualmente el Protocolo de actuación interna.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales el ejercicio de la actividad sujeta a la Ley 10/2010 y el representante asignado al efecto.

Espero que estas diez claves os resulten de utilidad para comprender mejor todo el sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales vigente.

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